Retos y compromisos del AGN

Por su parte la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Blanca Heredia Rubio, subrayó el trabajo desarrollado por Gómez Galvarriato, “por la dirección y emprendimiento de diversos de los proyectos que hoy le dan una nueva cara al Archivo General de la Nación”.

Acompañada por Jacqueline Peschard Mariscal, comisionada presidenta del IFAI; Mauricio Merino Huerta, politólogo y la directora general de la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI), Stella María González Cicero, Heredia Rubio destacó que la importancia del proyecto de remodelación del AGN radicó en un primer plano en el remozamiento del recinto. Consideró de la mayor importancia el proyecto de remodelación institucional y político que ocupa al AGN, por ser el órgano rector de la archivística nacional. “Éste, a mi juicio, es uno de los proyectos que México necesita, de los que sirven para construir un país mejor y vale la pena porque preserva nuestra memoria lejana pero también la que se está escribiendo de cerca”.

Para González Cicero, quien mencionó haber luchado por la preservación de los documentos desde su época como directora del AGN, la responsabilidad de la institución tiene que ver con “ser el centro y la cabeza de la archivística federal, aunque este reto nos pertenece a todos porque lo vivimos todos los días”. Señaló que los principales desafíos que enfrentan los archivos son la desigualdad en la ayuda que se les brinda, ya que algunos “cuentan con toda clase de apoyos mientras que otros se encuentran abandonados y se desconoce el acervo que resguardan”.

Mencionó que anteriormente la capacitación “se hacía de manera informal a base de aprender el oficio y otras veces mediante la especialización académica. La disparidad de formación del personal prevalecía en todos los archivos de México”. Los progresos de la transformación del AGN iniciaron al formar archivistas, “éramos un grupo de historiadores con ánimos de cambiar el archivo, pero con conocimientos; lo que aprendíamos lo tratábamos de poner en practica”.

Durante su gestión a cargo del AGN, dijo, luchó para que la institución figurara ante la Ley de Transparencia, porque “no nos habían tomado en cuenta”. Rememoró que desde 1977 la institución sufrió un cambio inverso, porque “era un archivo histórico para los investigadores, sobre todo extranjeros, y no contaba con otra función ni sabia qué sucedía con otros archivos de todo el país”.
Por ello se invitó a todos los archivos históricos mexicanos y se creó, por voluntad propia, el Sistema Nacional de Archivos que en su momento fue criticado por no contar con un esquema, leyes y porque no había el compromiso institucional de quienes constituían los archivos de México; “el resultado de todo esto fue que los archivos comenzaran a tener presencia dentro del esquema organizacional de la administración pública”.

Tener los archivos organizados contribuye al proceso democrático y a su consolidación; además, permite a los ciudadanos acercarse y obtener toda la información que requieren para el ejercicio de la democracia. “Nuestra historia es federal, no es una historia nacional. El día que tengamos todos los archivos dispuestos para la investigación podremos decir que es propicio realizar una historia nacional”, concluyó.

Transparencia y acceso a la información pública

A decir de Peschard Mariscal, la tarea de brindar acceso a la información pública y el papel de los archivos en el sistema democrático responden a la idea de que “todos nuestros derechos se ejercen de manera cabal si los conocemos”. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es el “acceso a los documentos de carácter público y sus formatos”. Entre los desafíos planteados ante la consolidación de la democracia, destacó que “el reto de los archivos nacionales será el de ordenar el presente y preservar nuestro pasado para orientar nuestro futuro porque sin el reconocimiento de nuestro pasado difícilmente podamos reconocer el futuro”.
Aseguró que el público tiene derecho de consultar el registro documental y gubernamental para que se ejerza el derecho a la información. Por lo tanto “la información es una llave para ejercer distintos derechos”; de ese modo, quien está bien informado “tiene un mejor equipo para emprender el derecho de información, de la libre asociación, el ejercicio del voto, todos nuestros derechos son derechos que se ejercen de manera cabal si tenemos suficiente información para saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones”, agregó.

Los niveles de información a los que accede la ciudadanía “son los mismos niveles que propician la democracia, es decir, a más y mejor información, más y mejor consolidada la democracia”. En este punto la importancia de lo archivos como custodios de los documentos de la administración publica consiste en conservar y difundir estos acervos, mientras que los entes de gobierno deben documentar sus acciones públicas para que el derecho de acceso a la información se ejerza de manera efectiva.

Consideró que “el derecho de acceso a la información se refiere al momento en que se consulta la información contenida en documentos cualquiera que sea su formato”, o cuando se accede a la información a través de los medios de comunicación; aunque esto no quiere decir que la información relevante no esté a disposición de los ciudadanos.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 20 de febrero de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para organizar y conservar los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que constituyeron un elemento innovador en la regulación y organización de los documentos gubernamentales, “al proponer un diseño institucional básico de los archivos de gobierno y establecer como obligación de las dependencias y entidades la elaboración de instrumentos de control y consulta archivística con base en las prácticas internacionales”.

Otro de los factores que intervienen e impiden la consolidación de la democracia es la falta de interés que existe entre funcionarios públicos por forjar y organizar un repositorio de la administración pública. Añadió que una de las dificultades de la investigación en políticas públicas radica en la falta de interés del personal que trabaja en el gobierno, pues “a muchos funcionarios les molesta el acceso a la información pública pero no por la entrega de los documentos, sino porque el registro de información no es parte de las prácticas burocráticas, se producen informes pero no información”, puntualizó Merino.

 “La falta de acervos que contengan documentos como créditos fiscales, comprobantes de gastos o un historial de proveedores” son lagunas de los documentos que deberían ser archivados para poder concretar y esclarecer el acceso a la información publica. Esta situación ocurre por la ausencia de una cultura de la información. El derecho a la información no es parte de la cultura de nuestro país.