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Historia del AGN

El 27 de marzo de 1790, Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España el proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España en aras de un "plan necesario y urgente" para reorganizar la Secretaría de Cámara del Virreinato como "el tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno". El nuevo archivo reunió, además de los papeles de la antigua Secretaría de Cámara, los del resto de las dependencias, con el consecuente beneficio para la adecuada ordenación y cuidado de los documentos.

   Proyecto, aprobado por las autoridades, consideró un lugar propio para el archivo: el Castillo de Chapultepec; el ingeniero Miguel Constanzó hizo los presupuestos y las reformas para habilitar el espacio, aunque este propósito nunca llegó a cumplirse. Las Ordenanzas para el Archivo General, derivadas de la Real Orden del 28 de abril de 1792, y redactadas por el propio Revillagigedo, disponían en 81 artículos la base para su funcionamiento. Su objetivo principal, además de alcanzar "las ventajas de un archivo general bien ordenado, asistido y manejado por personas inteligentes", era la "erección de este común depósito de reales cédulas, órdenes, providencias, ordenanzas, instrucciones, procesos, instrumentos públicos, cuentas, padrones, y demás papeles antiguos, que sepultados en diversas oficinas y cubiertos de polvo, ocultan bajo de sí, las noticias más preciosas e interesantes".

   Pese a tan puntual planeación, las oficinas del gobierno siguieron guardando sus archivos, y únicamente el de la Secretaría del Virreinato se conservó en su palacio. Ello dio lugar a la pérdida de numerosa documentación, pues no existían normas jurídicas para el funcionamiento y uso de los acervos en los archivos de la administración. Luego de la Independencia, durante la Regencia y el Imperio en 1821, Ignacio María de Aguirre, quien había sido oficial de la Secretaría de Virreinato y Juan de Dios Uribe, archivista de la propia secretaría, fueron comisionados para repartir la documentación, alguna de la cual, rescatada de su uso como mortero para cañones en la guerra, se encontraba en el edificio de la Contaduría de Azogues. La repartición de los archivos se hizo tomando en cuenta los diferentes ramos que abarcaban y se mandó a los recién creados ministerios.

   La Independencia trajo consigo un cambio radical en la estructura de la administración pública. Con el impulso a las nuevas instituciones nacionales desaparecieron oficinas del viejo régimen para dar lugar a los ministerios de Estado; muchos de los archivos novohispanos quedaron momentáneamente abandonados en ese tránsito hacia una organización distinta. El interés por recuperar la importancia del Archivo debe mucho a Lucas Alamán, quien además de su calidad de funcionario, se distinguía por su notable interés y conocimiento dedicado a la historia. La Junta Provincial Gubernativa de México lo nombró ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, puesto que ocupó por varios años y en diferentes ocasiones.

   El 23 de agosto de 1823 se creó el Archivo General y Público de la Nación; esta designación estableció que los servicios de la institución no estaban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes estuvieran interesados en consultar su acervo. Aquellos archivos del virreinato que se habían depositado y encomendado a las nuevas secretarías de Estado y que no tuvieran relación con esos ministerios se reintegraron en el nuevo organismo, basado una vez más en el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato y nutrido con los documentos de las recién creadas instituciones.

   El Archivo General y Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época novohispana. Quienes trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.

   José Fernando Ramírez contribuyó a la protección del Archivo durante la ocupación norteamericana de 1847, y confió a José María Andrade, conocido librero y editor que tenía su establecimiento en el Portal de los Agustinos, el cuidado de los más valiosos documentos. Posteriormente, una vez devueltos sanos y salvos, Ramírez ocupó en 1852 el cargo de ministro de Relaciones, desde el cual propuso y logró que el gobierno dictara disposiciones en beneficio de la institución y de sus empleados.

   Entre las numerosas vicisitudes que padeció el Archivo durante el agitado siglo XIX, estuvo el destacado interés de Benito Juárez por devolverle su estatura administrativa, trastocada durante los gobiernos de Santa Anna. Otro ejemplo del manifiesto interés y la elevada estima en que se tenía a los documentos en resguardo para la soberanía nacional, fue que durante su diáspora, Juárez llevó consigo los papeles que a su juicio eran de mayor importancia. Cerca de la ciudad de Matamoros, Coahuila, está la Cueva del Tabaco o Gruta de los Murciélagos. En este lugar, Juan de la Cruz Borrego, tras un intento frustrado de entrevistarse con el presidente Benito Juárez en Zacatecas, guardó el Archivo General de la Nación durante tres años. Desde entonces la dimensión del quehacer del Archivo era enorme, aun en medio de penurias y graves limitaciones.

   Al tomar posesión de la dirección en 1872, Francisco P. Urquidi resume: [se deben] Clasificar en lo posible 18,480 legajos; colocarlos ordenadamente en los estantes; empastar 3,460 volúmenes; componer 19 mapas y clasificar 100; formar índices de 4,678 volúmenes de los principales ramos y comenzar el del ramo de Vínculos; hacer el recuento, separación y avalúo de las obras de venta; separar y ordenar las obras reservadas para el uso del Supremo Gobierno y hacer 13 volúmenes de traslados de documentos antiguos deteriorados.

   En esa época comenzaron a ofrecerse al público algunas tareas fundamentales que distinguen a nuestro Archivo por su enorme beneficio social: las trascripciones paleográficas y la interpretación de los idiomas indígenas, a cargo de un notable empleado de apellido Rosales. Hasta nuestros días, las comunidades indígenas y campesinas concurren al AGN para documentar sus reclamos y consultar los viejos papeles que dan sustento a sus derechos. Después de Urquidi fueron José María Vigil, José María Celaya, José Beltrán y Justino Rubio quienes continuaron su labor hasta 1911. En sus gestiones se continuó con el empastado de numerosos expedientes que [permanecían] en legajos, se incrementó la biblioteca, se hicieron mejoras en el local y se publicaron muchos y muy curiosos documentos [...] de la más alta importancia para la historia, la política y la administración.

   Temporalmente, el nuevo gobierno hizo un cambio administrativo para el Archivo que hasta ese momento dependió del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, y pasó a formar parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1918, se reincorporó a la naciente Secretaría de Gobernación de la cual depende hasta la fecha. Entonces adquirió su actual designación de Archivo General de la Nación. En esa época una parte del Archivo fue trasladada al antiguo templo de Guadalupe en Tacubaya, también conocido como Casa Amarilla.

   De 1973 a 1977 la parte sustantiva del repositorio, hasta entonces situada en el Palacio Nacional, se trasladó al Palacio de Comunicaciones, en Tacuba 8 en el Centro Histórico de la ciudad, espacio que pronto resultó insuficiente para albergar a la institución. En mayo de 1977 se determinó que su nueva casa fuese la antigua Penitenciaría de la ciudad de México, conocida popularmente como Palacio de Lecumberri; entonces inició una magnifica obra de remodelación que permitió reabrir este espacio, en su nueva función, a partir del 27 de agosto de 1982.

Ley Federal de Archivos:


Publicada en Diario Oficial de la Federación el 23/01/2012

Descripción del edificio:


El Palacio de Lecumberri, inaugurado el 29 de septiembre de 1900, fue edificado por el arquitecto Antonio Torres Torija y los ingenieros Antonio M. Anza y Miguel Quintana, con base en el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y su propuesta teórica "Paralelo de las Penitenciarias", en la que el autor hace un estudio comparativo entre los diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. Durante sus primeros setenta y cinco años de vida, Lecumberri fungió como la Penitenciaría del Distrito Federal conocida como el Palacio Negro, convirtiéndose, por decreto presidencial del 26 de mayo de 1977, en la sede del Archivo General de la Nación. Las labores básicas de remodelación duraron cinco años y estuvieron a cargo del arquitecto Jorge L. Medellín.

Última modificación:
Viernes 21 de noviembre de 2014 por Alberto Rebollar Rechy

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